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Lince ibérico amenazado

¿Cuánto vale un lince ibérico?

Por José Antonio Sánchez Iglesias

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Los hechos ocurrieron hace ya casi 3 años, pero no fue hasta el pasado junio cuando la fiscalía presentó su alegato ante el juez, se está a la espera de juicio. La historia no tiene desperdicio, especialmente en lo que respecta a la valoración que se hace de uno de los últimos 200 linces ibéricos del planeta.

Diario de Jaén, Viernes 17 de Junio 2011

Una pareja de granjeros de Andújar tendrán el dudoso honor de ser los primeros jiennenses en sentarse en un banquillo acusados de matar a un lince ibérico. Presuntamente, colocaron cebos envenenados en su finca para evitar que las alimañas se comieran sus gallinas. El fiscal pide para ellos dos años de cárcel, la máxima pena para este tipo de delitos. Bornizo, el lince en cuestión, dejó de moverse el 17 de octubre de 2008. El radio marcador que este lince ibérico macho, de cinco años, llevaba instalado al cuello así se lo indicó a los técnicos del Proyecto Life, que son los encargados de intentar salvar de la extinción a los alrededor de 200 últimos ejemplares que viven en Sierra Morena. El animal fue encontrado muerto en las inmediaciones de un gallinero, ubicado en el paraje denominado Dehesa del Pilar, en la zona de las Viñas de Peñallana, muy próximo a los límites del Parque Natural de la Sierra de Andújar. Cuando los agentes del Seprona inspeccionaron la finca, descubrieron que estaba “sembrada” de cebos envenenados. Según la Fiscalía los habían colocado Francisco C. M. y su mujer, Ramona P. L., para evitar que las alimañas se comieran a sus animales. Apenas un mes antes, los granjeros habían adquirido veintisiete pollos, seis gallinas y un gallo, ejemplares que, según los acusados, habían sido diezmados por los depredadores del Parque Natural.
Según el Ministerio Público, los dos acusados impregnaron varios trozos de carne de pollo y de sardina con Aldicarb, un producto muy tóxico, cuya comercialización y tenencia están prohibidos desde enero de 2008. La Fiscalía además apunta que ambos tienen conocimientos en la materia, ya que son titulares del carné de manipulador de productos fitosanitarios.
Presuntamente, colocaron esos cebos envenenados en distintos lugares de su finca, que estaba protegida por cercado cinegético de dos metros de altura. Su objetivo era causar la muerte a todas las alimañas que entraran al gallinero en busca de una presa fácil que llevarse a la boca para alimentarse. De hecho, el día en que encontraron muerto a Bornizo, la Guardia Civil también encontró el cadáver de un zorro, que había comido carne envenenada. El Seprona intervino otros nueve cebos untados con Aldicarb en las inmediaciones de la granja. También había una jaula con un cebo de pollo en su interior, un método de caza prohibido, tal y como recuerda la Fiscalía en su escrito de acusación provisional.
Una de las curiosidades de este caso es que el Ministerio Público pidió que se analizara el ADN de la carne envenenada hallada en el gallinero de Las Viñas de Peñallana para intentar relacionar al dueño de la granja con esos trozos de carne. No hay testigos que vieran a Francisco o a Ramona colocar los cebos en el campo, sin embargo, los análisis genéticos demuestran que esos pedazos salieron de su gallinero.
Otro dato llamativo es la valoración que se hace del lince fallecido. Los biólogos del Proyecto Life consideran que esa muerte cuesta más de 115.000 euros. La tasación tiene en cuenta que el lince ibérico es una especie en extinción, incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas desde hace más de 20 años. En este tiempo, las administraciones han invertido miles de euros para intentar que este emblemático animal no desaparezca. De hecho, la Fiscalía recuerda en el escrito de acusación que Bornizo era uno de los 225 ejemplares que compone la población de lince ibérico y uno de los 30 machos adultos en edad de reproducción, y que le quedaban unos 5 años de actividad reproductora. Con su muerte se extinguió el 0,5% de la población mundial de la especie.
En el procedimiento consta otra tasación pericial muy por debajo de la cantidad estimada por Life (poco más de 6.000 euros). Fuentes cercanas al caso indican que, con total seguridad, alguna de las tres acusaciones personadas en el caso, Fiscalía, ecologistas de Adena y la Fundación Gypaetus, reclamarán a los acusados la cantidad calculada por los técnicos de Life.
La indemnización es sólo una de las peticiones que se harán contra los acusados, caso de que el juzgado de Andújar decida finalmente abrir juicio oral contra ellos. Las penas en juego son serias. El Código Penal prevé entre 4 y 24 meses de prisión para quien atente contra ejemplares de especies protegidas, y alude expresamente a que deberán aplicarse en la mitad superior del tramo si el caso tiene especial trascendencia. No habrá agravante de hacerlo en un parque natural porque el terreno no tiene esa calificación. La granja está en zona de influencia del parque, pero afuera. Las multas pueden oscilar entre los 60.000 y los 300.000 euros, y además habría que indemnizar a la Junta como propietaria del animal, que es donde entran en juego los 115.000 euros estimados por Life.
No hay precedentes de juicios por muertes de linces, pese a que en los últimos años han encontrado ejemplares atropellados, tiroteados, mutilados por cepos y envenenados.
El juicio, que se celebrará en un Juzgado de lo Penal, está todavía pendiente de fecha. Sólo se conoce un precedente similar en Andalucía. Un ganadero de Castril fue condenado a 18 meses de cárcel por envenenar a un quebrantahuesos liberado en la Sierra de Segura

About José Antonio Sánchez Iglesias

José Antonio Sánchez se licenció en Biología por la Universidad de Sevilla en 1985. Más tarde, durante varios años, se dedicó a organizar y guiar rutas de senderismo y naturaleza ...

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